Blog de información social y raciocinio político: porque la política también debe ser razonable

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sábado, 25 de febrero de 2012

El puritanismo más puro

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pide a los institutos que las campañas a favor del uso del condón cuenten con consentimiento previo de los padres, según informa Público:
<<Permiso paterno para hablar del condón en clase
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los institutos de Secundaria que pidan el consentimiento de los padres antes de emprender una campaña organizada por Durex y cincuenta ONG para fomentar el uso del condón en alumnos de 3º y 4º de ESO.
Organizaciones ultracatólicas consideraron un éxito el hecho de que el director del área territorial de Madrid Sur, Alberto González, enviara ayer una carta a los centros pidiéndoles el permiso paterno. "A la vista de las quejas recibidas", la Consejería condiciona la campaña, basada en la prevención del sida y de los embarazos no deseados, al "consentimiento de los padres", reza la carta.
La asociación ultracatólica Madrid Educa en Libertad ya ha preparado un formulario para que los padres objeten a contenidos "que reflejan tomas de posición sobre problemas en los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad, ya sea en el conjunto de asignaturas que integran el área de Educación para la Ciudadanía o en los inminentes desarrollos educativos" previstos en la Ley del Aborto.
La campaña de uso del condón, titulada XMilmotivos prevé talleres audiovisuales de educación sexual organizados por ONG con más de 15 años de experiencia.>>

Un sparring de cara bonita

Cuando el recién nombrado presidente Rajoy anunció los primeros cargos de su gobierno, a pocos sorprendió que Alberto Ruiz-Gallardón, hasta entonces alcalde de Madrid, fuera elegido como ministro. Yo sin embargo quedé un tanto sorprendido por la cartera que le fue adjudicada, la de Justicia. Bien es cierto que Gallardón es fiscal de carrera (brevísima, de 1982 a 1983), pero no es menos cierto que dados su facilidad de palabra, su prestigio como hombre de inteligencia y talante y su fama de político moderado y centrista, Gallardón cabía a priori en muchos otros ministerios, quizá de manera más natural que en el que le correspondía por su formación académica.

Ahora, pasados un par de meses, creo que comprendo esta decisión de Rajoy. Pienso que su intención era y sigue siendo la de utilizar el prestigio de Gallardón como pantalla tras la que realizar las reformas legales más duras: si Gallardón da la cara por una determinada medida siendo "el político de derechas más deseado por la izquierda", será más difícil que la gente crea que ésta forma parte de la ideología más ultraconservadora. Si él, hombre sensato y de centro que hasta ha celebrado matrimonios gay, es adalid de la vuelta a la ley del aborto de 1985, deber de ser que ni aquella fue tan mala ni la nueva era tan buena.

Y puede ser que este propósito de apantallamiento no se quede en hacer calar medidas conservadoras a medio plazo con algo menos de revuelo; bien puede ser que el gobierno crea que va a cometer tantas injusticias a lo largo de su legislatura que necesite un ministro de Justicia capaz de colar como justificables medidas inmediatas tan sangrantes como la represión policial a las manifestaciones estudiantiles de Valencia, un Gallardón que tenga la credibilidad y la suficiente simpatía popular como para ser creído cuando afirma que la policía fue violentamente agredida sin mostrar una sola prueba. En resumen, un Gallardón que sea capaz de lavarle la cara al gobierno. Tal vez deberíamos señalarle que no es conveniente lavarse la cara con el agua usada para lavarse primero las manos.

En definitiva, tengo la firme impresión de que el gobierno confía en que al boxeador le cueste más golpear a un sparring de cara bonita. El señor Gallardón debe confiar en lo mismo, puesto que ha aceptado ser dicho sparring. Esa confianza le puede costar cara, porque siendo imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo, lo más probable es que no sea el prestigio del Gobierno el que se vea elevado gracias a sus intervenciones, sino que sea el suyo el que se vea hundido para siempre. Y es que al final, aunque para que lleguemos a verlo tengan que pasar completos los doce rounds, un rostro deformado por los golpes ya no nos resulta tan bonito.

Además de puta, apaleá

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, afirma lo siguiente sobre los estudiantes que se manifestaron en Valencia:
<<A efectos éticos, lo que no podemos decir es que lo que a un mayor de dieciocho años le consideramos reprochable, esa misma conducta, al margen de que tendrá un tratamiento penal y procesal distinto, esa misma conducta es consentible en una persona por el hecho de que le falten unos meses para cumplir esos dieciocho años.>>
 No voy a entrar ahora en si dichas conductas reprochables existieron o no, ni en si en caso de existir se merecerían el tipo de respuesta policial que se produjo. Ni siquiera voy a entrar en si el argumento del ministro me parece razonable. Lo que sí que voy a hacer es contrastarlo con esta otra afirmación del propio ministro:
<<Vamos por lo tanto a reformar la ley orgánica [...] de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo [...] y también les anuncio [...] que la exigencia del consentimiento paterno en relación a las menores estará incluido en este proyecto de ley.>>
Es decir, que la ética gallardoniana aborda la cuestión de las personas casi legalmente adultas mediante dos sólidos principios:
  1. Cuando queremos controlarlas, son inmaduras e irresponsables.
  2. Si lo que nos interesa es castigarlas, entonces son adultas y plenamente responsables.
Me pregunto qué dilemas no sufrirá el ministro cuando alguna ley pretenda, simultáneamente, controlarlas y castigarlas.

El contradictómetro del Gobierno


<<El Gobierno apenas lleva tiempo al mando, pero ya acumulan algunas contradicciones importantes. Primero y fundamental entre lo que dijeron que harían y lo que hacen y segundo entre lo que hacen y lo que confiesan pensar. Es de esperar, como buen Gobierno que son, que la lista aumente, así que este post tiene vocación de ir creciendo en el tiempo.>>

martes, 21 de febrero de 2012

Una respuesta proporcionada

Antonio Moreno, jefe superior de la Policía de Valencia, responde lo siguiente a la pregunta de cuántos efectivos han participado en la dispersión de una movilización estudiantil contra los recortes en educación y, caprichos del destino, contra la fiereza de la represión policial en manifestaciones previas:
<<No es prudente desde el punto de vista de la táctica, de la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades.>>
Esto lo dice sin atisbo de duda, reafirmándose con dos golpes rotundos sobre la mesa. En su comparecencia afirmó también que la respuesta había sido proporcionada. Eso es obvio: contra el enemigo toda táctica y toda técnica policial puede y deber ser aplicada, máxime cuando se trata de una concentración de este tipo, con tantísimos enemigos reincidentes y para más inri tan variopintos y con tanto vigor vital como los estudiantes universitarios descontentos, los del instituto de la zona que cruzaban para llegar a un examen, un señor de setenta años sospechosamente camuflado de adolescente radical, una periodista de RNE, un reportero de EFE y un fotógrafo de La Vanguardia que con alevosía pretendían transmitir información manipulada, y el diputado de Equo-Compromís Joan Baldoví, que por el delito flagrante de pasear por una calle de Valencia se mereció la táctica combo de empujón disuasorio más porrazo en sendas piernas.
Ya eran de conocimiento común las cargas estándar, los empujones contra coches y muros y las detenciones por manifestarse o ser sospechoso de ello. Ahora además sabemos empíricamente que entre las técnicas policiales más proporcionadas para estas invasiones enemigas, que no soy prudente al revelar, se cuentan también portar armas capaces de lanzar gases lacrimógenos, el disparo de pelotas de goma y la sencilla pero siempre eficaz porrada colectiva en la cabeza, que se ha logrado demostrar efectiva al menos para romper una nariz y dejar en shock a su usuario habitual, que bien se lo merecía por pertenencia a banda armada... esto es, armada de la terrorífica intención de cortar, durante media hora, el tráfico de una triste calle.

lunes, 20 de febrero de 2012

Crisis secundarias

<<Sin duda alguna la cuestión palpitante ahora en nuestro mundo es la crisis. [...] La crisis, por supuesto, es la financiera. Hay otras, algunas tan graves como la alimentaria o la climática, pero la financiera las eclipsa. Prueba de ello es la conferencia mundial de la FAO: no consiguió reunir ni siquiera veinte mil millones para aplacar el hambre de los países pobres mientras que para enmendar los disparates y estafas de la gente rica han salido cientos de miles de millones (y todavía siguen saliendo) de los paraísos fiscales, las cajas secretas, las hábiles contabilidades y otros ardides de la ingeniería financiera.>>
José Luis Sampedro en SE ROMPE EL SACO.

sábado, 18 de febrero de 2012

El molesto derecho de unos pocos

Juan Rosell, presidente de la CEOE, propone "regular" el derecho a huelga:
<<Se tienen que poner reglas de juego para que los derechos de unos pocos, por muy importantes que sean, no acaben por maltratar los derechos y las posibilidades de otros que son muchísimos más.>>
 A su lado se sentaba Arturo Fernández, presidente de la CEIM, organización que hace unos meses proponía lo siguiente en un documento titulado Propuestas de los empresarios de la Comunidad de Madrid para la recuperación económica (ámbito nacional) (la negrita es mía):
<<10) Medidas sobre Conflictividad Laboral
a. Regulación del derecho de huelga a la luz de la Jurisprudencia existente. Restricción del ejercicio del derecho de huelga en excepcionales situaciones de negociación de convenios o de sometimiento a sistemas extrajudiciales de conflictos; o la restricción del ejercicio en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de las personas y las empresas.>>
Suponiendo que es a esto a lo que se refiere el señor Rosell, lo que está proponiendo es que la huelga sea ilegal justo en las situaciones en las que podría llegar a ser indispensable y por tanto, está pidiendo una rebaja sustancial en nuestro estado del bienestar. Y sin embargo, un primer vistazo al Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo hace pensar que esta proposición es superflua, por estar ya incluida en nuestra legislación (la negrita es mía):

<<Artículo diez.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbiraje obligatorio.>>
¿Por qué insiste entonces la patronal en pedir una medida ya legislada? Porque dicha medida ya no está en vigor: fue anulada por el Tribunal Constitucional en la sentencia del recurso de inconstitucionalidad 192/1980 (la negrita es de nuevo mía):
<<19. Así como la potestad que a la autoridad gubernativa se atribuye para adoptar las medidas necesarias de garantía de los servicios esenciales de la comunidad, encuentra su fundamento en el artículo 28 de la Constitución, siempre que las correspondientes decisiones queden sujetas al control de los tribunales de justicia y al de este Tribunal mediante el oportuno recurso de amparo, no ocurre lo mismo con la extraordinaria potestad que el Real Decreto-ley impugnado otorga al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo (cfr. art 10). Es verdad que el artículo 10 exige para que esta potestad pueda ponerse en marcha unos presupuestos muy especiales: una duración muy prolongada de la huelga, unas posiciones de las partes excesivamente distantes o inconciliables y un perjuicio grave para la economía nacional.

Para recortar tan gravemente el uso de un derecho constitucional, la mayor o menor duración del conflicto y la comparación de las respectivas posiciones de las partes (más o menos distantes, más o menos alejadas de una posible conciliación) no son parámetros útiles. En ningún caso pueden servir de obstáculo a la subsistencia del ejercicio de un derecho que ha sido declarado fundamental y de carácter básico por la Constitución.

La fórmula «perjuicio grave de la economía nacional» tampoco puede obstar al derecho en examen. Es un concepto indeterminado que no concreta cuáles son los intereses a los que el derecho debe quedar sacrificado. Su supuesto de hecho queda en total inconcreción y ofrece un evidente margen a la arbitrariedad. Si la huelga es un instrumento de reivindicación social elevado al rango de derecho fundamental no es nunca su ejercicio por sí solo la única causa que ocasiona el perjuicio grave, sino otras acciones u omisiones concurrentes con él.>>
¿Serán conscientes la CEIM y la CEOE de que los cambios que proponen ya han sido declarados inconstitucionales? No hay por qué ser malintencionados: tal vez no sean conscientes. En ese caso, simplemente habríamos de concluir que los más importantes representantes de los más grandes empresarios de este país jamás se han molestado en leerse la legislación sobre el trabajo.