El puritanismo más puro

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pide a los institutos que las campañas a favor del uso del condón cuenten con consentimiento previo de los padres, según informa Público:

<<Permiso paterno para hablar del condón en clase

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los institutos de Secundaria que pidan el consentimiento de los padres antes de emprender una campaña organizada por Durex y cincuenta ONG para fomentar el uso del condón en alumnos de 3º y 4º de ESO.
Organizaciones ultracatólicas consideraron un éxito el hecho de que el director del área territorial de Madrid Sur, Alberto González, enviara ayer una carta a los centros pidiéndoles el permiso paterno. "A la vista de las quejas recibidas", la Consejería condiciona la campaña, basada en la prevención del sida y de los embarazos no deseados, al "consentimiento de los padres", reza la carta.
La asociación ultracatólica Madrid Educa en Libertad ya ha preparado un formulario para que los padres objeten a contenidos "que reflejan tomas de posición sobre problemas en los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad, ya sea en el conjunto de asignaturas que integran el área de Educación para la Ciudadanía o en los inminentes desarrollos educativos" previstos en la Ley del Aborto.
La campaña de uso del condón, titulada XMilmotivos prevé talleres audiovisuales de educación sexual organizados por ONG con más de 15 años de experiencia.>>

Un sparring de cara bonita

Cuando el recién nombrado presidente Rajoy anunció los primeros cargos de su gobierno, a pocos sorprendió que Alberto Ruiz-Gallardón, hasta entonces alcalde de Madrid, fuera elegido como ministro. Yo sin embargo quedé un tanto sorprendido por la cartera que le fue adjudicada, la de Justicia. Bien es cierto que Gallardón es fiscal de carrera (brevísima, de 1982 a 1983), pero no es menos cierto que dados su facilidad de palabra, su prestigio como hombre de inteligencia y talante y su fama de político moderado y centrista, Gallardón cabía a priori en muchos otros ministerios, quizá de manera más natural que en el que le correspondía por su formación académica.

Ahora, pasados un par de meses, creo que comprendo esta decisión de Rajoy. Pienso que su intención era y sigue siendo la de utilizar el prestigio de Gallardón como pantalla tras la que realizar las reformas legales más duras: si Gallardón da la cara por una determinada medida siendo "el político de derechas más deseado por la izquierda", será más difícil que la gente crea que ésta forma parte de la ideología más ultraconservadora. Si él, hombre sensato y de centro que hasta ha celebrado matrimonios gay, es adalid de la vuelta a la ley del aborto de 1985, deber de ser que ni aquella fue tan mala ni la nueva era tan buena.

Y puede ser que este propósito de apantallamiento no se quede en hacer calar medidas conservadoras a medio plazo con algo menos de revuelo; bien puede ser que el gobierno crea que va a cometer tantas injusticias a lo largo de su legislatura que necesite un ministro de Justicia capaz de colar como justificables medidas inmediatas tan sangrantes como la represión policial a las manifestaciones estudiantiles de Valencia, un Gallardón que tenga la credibilidad y la suficiente simpatía popular como para ser creído cuando afirma que la policía fue violentamente agredida sin mostrar una sola prueba. En resumen, un Gallardón que sea capaz de lavarle la cara al gobierno. Tal vez deberíamos señalarle que no es conveniente lavarse la cara con el agua usada para lavarse primero las manos.

En definitiva, tengo la firme impresión de que el gobierno confía en que al boxeador le cueste más golpear a un sparring de cara bonita. El señor Gallardón debe confiar en lo mismo, puesto que ha aceptado ser dicho sparring. Esa confianza le puede costar cara, porque siendo imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo, lo más probable es que no sea el prestigio del Gobierno el que se vea elevado gracias a sus intervenciones, sino que sea el suyo el que se vea hundido para siempre. Y es que al final, aunque para que lleguemos a verlo tengan que pasar completos los doce rounds, un rostro deformado por los golpes ya no nos resulta tan bonito.

Además de puta, apaleá

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, afirma lo siguiente sobre los estudiantes que se manifestaron en Valencia:

<<A efectos éticos, lo que no podemos decir es que lo que a un mayor de dieciocho años le consideramos reprochable, esa misma conducta, al margen de que tendrá un tratamiento penal y procesal distinto, esa misma conducta es consentible en una persona por el hecho de que le falten unos meses para cumplir esos dieciocho años.>>

 No voy a entrar ahora en si dichas conductas reprochables existieron o no, ni en si en caso de existir se merecerían el tipo de respuesta policial que se produjo. Ni siquiera voy a entrar en si el argumento del ministro me parece razonable. Lo que sí que voy a hacer es contrastarlo con esta otra afirmación del propio ministro:

<<Vamos por lo tanto a reformar la ley orgánica [...] de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo [...] y también les anuncio [...] que la exigencia del consentimiento paterno en relación a las menores estará incluido en este proyecto de ley.>>

Es decir, que la ética gallardoniana aborda la cuestión de las personas casi legalmente adultas mediante dos sólidos principios:

1. Cuando queremos controlarlas, son inmaduras e irresponsables.
2. Si lo que nos interesa es castigarlas, entonces son adultas y plenamente responsables.

Me pregunto qué dilemas no sufrirá el ministro cuando alguna ley pretenda, simultáneamente, controlarlas y castigarlas.

El contradictómetro del Gobierno

El contradictómetro del Gobierno

<<El Gobierno apenas lleva tiempo al mando, pero ya acumulan algunas contradicciones importantes. Primero y fundamental entre lo que dijeron que harían y lo que hacen y segundo entre lo que hacen y lo que confiesan pensar. Es de esperar, como buen Gobierno que son, que la lista aumente, así que este post tiene vocación de ir creciendo en el tiempo.>>

El contradictómetro del Gobierno

Una respuesta proporcionada

Antonio Moreno, jefe superior de la Policía de Valencia, responde lo siguiente a la pregunta de cuántos efectivos han participado en la dispersión de una movilización estudiantil contra los recortes en educación y, caprichos del destino, contra la fiereza de la represión policial en manifestaciones previas:

<<No es prudente desde el punto de vista de la táctica, de la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades.>>

Esto lo dice sin atisbo de duda, reafirmándose con dos golpes rotundos sobre la mesa. En su comparecencia afirmó también que la respuesta había sido proporcionada. Eso es obvio: contra el enemigo toda táctica y toda técnica policial puede y deber ser aplicada, máxime cuando se trata de una concentración de este tipo, con tantísimos enemigos reincidentes y para más inri tan variopintos y con tanto vigor vital como los estudiantes universitarios descontentos, los del instituto de la zona que cruzaban para llegar a un examen, un señor de setenta años sospechosamente camuflado de adolescente radical, una periodista de RNE, un reportero de EFE y un fotógrafo de La Vanguardia que con alevosía pretendían transmitir información manipulada, y el diputado de Equo-Compromís Joan Baldoví, que por el delito flagrante de pasear por una calle de Valencia se mereció la táctica combo de empujón disuasorio más porrazo en sendas piernas.
Ya eran de conocimiento común las cargas estándar, los empujones contra coches y muros y las detenciones por manifestarse o ser sospechoso de ello. Ahora además sabemos empíricamente que entre las técnicas policiales más proporcionadas para estas invasiones enemigas, que no soy prudente al revelar, se cuentan también portar armas capaces de lanzar gases lacrimógenos, el disparo de pelotas de goma y la sencilla pero siempre eficaz porrada colectiva en la cabeza, que se ha logrado demostrar efectiva al menos para romper una nariz y dejar en shock a su usuario habitual, que bien se lo merecía por pertenencia a banda armada... esto es, armada de la terrorífica intención de cortar, durante media hora, el tráfico de una triste calle.

Crisis secundarias

<<Sin duda alguna la cuestión palpitante ahora en nuestro mundo es la crisis. [...] La crisis, por supuesto, es la financiera. Hay otras, algunas tan graves como la alimentaria o la climática, pero la financiera las eclipsa. Prueba de ello es la conferencia mundial de la FAO: no consiguió reunir ni siquiera veinte mil millones para aplacar el hambre de los países pobres mientras que para enmendar los disparates y estafas de la gente rica han salido cientos de miles de millones (y todavía siguen saliendo) de los paraísos fiscales, las cajas secretas, las hábiles contabilidades y otros ardides de la ingeniería financiera.>>

José Luis Sampedro en SE ROMPE EL SACO.

El molesto derecho de unos pocos

Juan Rosell, presidente de la CEOE, propone "regular" el derecho a huelga:

<<Se tienen que poner reglas de juego para que los derechos de unos pocos, por muy importantes que sean, no acaben por maltratar los derechos y las posibilidades de otros que son muchísimos más.>>

 A su lado se sentaba Arturo Fernández, presidente de la CEIM, organización que hace unos meses proponía lo siguiente en un documento titulado Propuestas de los empresarios de la Comunidad de Madrid para la recuperación económica (ámbito nacional) (la negrita es mía):

<<10) Medidas sobre Conflictividad Laboral

a. Regulación del derecho de huelga a la luz de la Jurisprudencia existente. Restricción del ejercicio del derecho de huelga en excepcionales situaciones de negociación de convenios o de sometimiento a sistemas extrajudiciales de conflictos; o la restricción del ejercicio en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de las personas y las empresas.>>

Suponiendo que es a esto a lo que se refiere el señor Rosell, lo que está proponiendo es que la huelga sea ilegal justo en las situaciones en las que podría llegar a ser indispensable y por tanto, está pidiendo una rebaja sustancial en nuestro estado del bienestar. Y sin embargo, un primer vistazo al Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo hace pensar que esta proposición es superflua, por estar ya incluida en nuestra legislación (la negrita es mía):

<<Artículo diez.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbiraje obligatorio.>>

¿Por qué insiste entonces la patronal en pedir una medida ya legislada? Porque dicha medida ya no está en vigor: fue anulada por el Tribunal Constitucional en la sentencia del recurso de inconstitucionalidad 192/1980 (la negrita es de nuevo mía):

<<19. Así como la potestad que a la autoridad gubernativa se atribuye para adoptar las medidas necesarias de garantía de los servicios esenciales de la comunidad, encuentra su fundamento en el artículo 28 de la Constitución, siempre que las correspondientes decisiones queden sujetas al control de los tribunales de justicia y al de este Tribunal mediante el oportuno recurso de amparo, no ocurre lo mismo con la extraordinaria potestad que el Real Decreto-ley impugnado otorga al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo (cfr. art 10). Es verdad que el artículo 10 exige para que esta potestad pueda ponerse en marcha unos presupuestos muy especiales: una duración muy prolongada de la huelga, unas posiciones de las partes excesivamente distantes o inconciliables y un perjuicio grave para la economía nacional.

Para recortar tan gravemente el uso de un derecho constitucional, la mayor o menor duración del conflicto y la comparación de las respectivas posiciones de las partes (más o menos distantes, más o menos alejadas de una posible conciliación) no son parámetros útiles. En ningún caso pueden servir de obstáculo a la subsistencia del ejercicio de un derecho que ha sido declarado fundamental y de carácter básico por la Constitución.

La fórmula «perjuicio grave de la economía nacional» tampoco puede obstar al derecho en examen. Es un concepto indeterminado que no concreta cuáles son los intereses a los que el derecho debe quedar sacrificado. Su supuesto de hecho queda en total inconcreción y ofrece un evidente margen a la arbitrariedad. Si la huelga es un instrumento de reivindicación social elevado al rango de derecho fundamental no es nunca su ejercicio por sí solo la única causa que ocasiona el perjuicio grave, sino otras acciones u omisiones concurrentes con él.>>

¿Serán conscientes la CEIM y la CEOE de que los cambios que proponen ya han sido declarados inconstitucionales? No hay por qué ser malintencionados: tal vez no sean conscientes. En ese caso, simplemente habríamos de concluir que los más importantes representantes de los más grandes empresarios de este país jamás se han molestado en leerse la legislación sobre el trabajo.

In saecula saeculorum

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, dice por un lado sobre la nueva reforma laboral:

<<Es cierto que van a perder poder las organizaciones empresariales y sindicales, pero es que nosotros tenemos que gobernar para todos.>>

Entiendo que se refiere a las organizaciones empresariales de las PYMEs, porque está claro que a la CEOE no le perjudica precisamente. Por otro lado, afirma que:

<<Todas estas medidas no van a producir efectos en el corto plazo pero estamos sentando las bases para crecer en el futuro.>>

Esta afirmación, tal y como está expresada, es claramente falsa. Efectos en el corto plazo van a tener y muchos, empezando por una rebaja generalizada de los sueldos y un aumento sensible de los despidos procedentes; estimo que lo que pretende decir el presidente, pero se cuida mucho de decir, es que no producirá efectos beneficiosos a corto plazo.

Pero lo que da miedo de verdad es la implicación implícita en ambas afirmaciones. Si las medidas cercenan el poder de los sindicatos (y lo hacen), y sin embargo vamos a tener que esperar al largo plazo para notar sus efectos, ¿no quiere eso decir que el gobierno aprueba (y admite aprobar) el recorte del poder de los sindicatos y los derechos de los trabajadores sine die, por los siglos de los siglos? ¿De verdad esperan que les entonemos el amén?

Las cenizas de Grecia

La aprobación de la nueva tanda de recortes duros para seguir contentando a Alemania ha tenido un coste terrible para el gobierno griego: la dimisión de cinco ministros y una revuelta social que ha empezado por incendiar Atenas. Tan terrible, que se ha visto obligado a convocar nuevas elecciones para abril.

La raíz de todos los males

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, alaba las bondades de la nueva reforma laboral:

<<Esta reforma laboral acaba con el marco franquista que ha convertido a España en campeona mundial del paro.>>

Déjà vu

Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán, en el aniversario de su revolución:

<<En pocos días anunciaremos al mundo grandes y destacados avances en materia nuclear.>>

Está por ver si dichos avances son en tecnología de la energía, como afirman desde Teherán, o militares, como clama la comunidad internacional, con Israel y EEUU a la cabeza. En mi opinión y sabiendo que Irán no es cordero manso, es la postura de EEUU la que tiene menos credibilidad en este conflicto: recordemos que este país definió a Irak, Irán y Corea del Norte como el Eje del Mal; y nada impidió al presidente Bush Jr. mentir para poder invadir Irak... mentir, precisamente, sobre la posesión de armas de destrucción masiva. ¿Alguien más está sufriendo el déjà vu?

Gürtel 2 - Democracia 0

El Tribunal Supremo juzga a Garzón, por unanimidad, culpable de prevaricación en el caso de las escuchas telefónicas a los imputados en Gürtel, referidas a las conversaciones que mantenían con sus abogados. Lo expulsa de la Audiencia Nacional y lo condena a 11 años de inhabilitación. La sentencia completa puede leerse aquí. A continuación incluimos los puntos más relevantes de la sentencia (que parece basarse por completo en el derecho de defensa y no en si los letrados variaron a lo largo de las escuchas), extraídos del resumen oficial (que puede leerse aquí):

<<

•  El derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del Estado de Derecho como un proceso con todas las garantías.
• El artículo 51.2 de la LOGP presenta una legitimación directa [..] para regular las posibles limitaciones al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión preventiva, concretamente en lo que se refiere a sus comunicaciones personales con sus letrados defensores, de manera que las únicas restricciones admisibles a ese derecho son las que se contienen en la ley penitenciaria. En la legislación española, es el único precepto que se refiere a las posibles limitaciones a la confidencialidad de las comunicaciones de los presos preventivos con sus letrados.
• La Sala reitera su doctrina [...] en el sentido de que la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. [Esto es exactamente lo que expresa el artículo 51.2 de la LOGP]
• Para resolver otros casos en los que se entendiera que la intervención pudiera ser imprescindible, sería precisa una reforma legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente para intervenir las comunicaciones entre internos y letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales, estableciendo los casos y las circunstancias en que tal intervención sería posible y las consecuencias de la misma.
• Ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo. Es decir, mediante la escucha y grabación de las comunicaciones reservadas que mantuvieran los imputados con sus letrados defensores en los locutorios específicos del centro penitenciario donde se encontraban en prisión provisional; y sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos.
• No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo.
• En la conducta del acusado [...] la injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados.
• En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa [...] admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.>>

El magistrado rechaza fuertemente su condena, acusa el proceso de irregular y anuncia que lo recurrirá, en un comunicado que también reproducimos:

<<NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012>>

Más información desde Bruselas

Luis de Guindos, ministro de Economía, ha sido grabado en micro abierto comentándole al comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, cómo será la secreta reforma laboral de mañana:

De Guindos: <<Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y vas a ver que será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos la indemnización por despido. Ya verás, yo creo que es un auténtico cambio.>>

Rehn: <<Eso sería fantástico.>>

Es extraña la idea de sentido de Estado que tiene el gobierno actual: mientras comenta alegremente una reforma tan crucial para nuestro país en las cumbres europeas, se niega a comentarla (¡ya ni hablemos de negociarla!) en el Congreso de los Diputados antes de sacar el decreto ley; y mientras revela su contenido a miembros de formaciones más allegadas a su ideología como CiU, deja que los sindicatos y el jefe del partido mayoritario de la oposición se enteren por dichas cumbres.

A contracorriente

 Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, anuncia su criterio particular sobre el recurso del PP en el Tribunal Constitucional a la ley del matrimonio gay:

<<No veo inconstitucionalidad en la ley del matrimonio homosexual.>>

 La de decirlo en público es una postura que le honra, todo lo más teniendo en cuenta que ésa era ya su postura como alcalde de Madrid, antes de ser ministro de Justicia. Pero esto no le desquita de haber sido el artífice de la (próxima) regresión de la ley del aborto a la ley de supuestos.

La lista de la tristeza

El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF en adelante). La MGF, comúnmente conocida como ablación o ablación de clítoris, es una práctica barbárica consistente en lesionar de manera permanente y por motivos no médicos los genitales de una mujer. Es común en 29 países del África subsahariana (a pesar de estar prohibida en 16) [1, pág 12], donde se lleva a cabo por tradición. Se estima que actualmente existen unos 140 millones de mujeres que han sufrido la MGF (de ellas, 92 millones siendo niñas de 10 años o más [3]) y que 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrirla cada año [1, pág 11].

La Organización Mundial de la Salud estableció en 1995 cuatro tipos distintos de mutilación genital femenina [1, pág 9], que conllevan distintos riesgos para la salud:

1. Clitoridotomía (de "incisión" en griego) o circuncisión: eliminación del prepucio clitorídeo conservando el clítoris.
2. Clitoridectomía (de "corte" en griego) o escisión: resección parcial o total del clítoris, con posible corte de los labios menores y mayores.
3. Infibulación (de "pinza" en latín) o circuncisión faraónica: estrechamiento o sellado de la abertura vaginal mediante el corte y la recolocación de los labios menores y tal vez de los mayores, con o sin resección del clítoris. Se dejan dos pequeños orificios para la salida de la orina y la sangre menstrual.
4. Cualquier otro procedimiento lesivo sin fines terapéuticos: perforación, incisión, raspado, cauterización, introducción de sustancias corrosivas...

El aberrante propósito de la MGF es, ni más ni menos, el de eliminar la posibilidad de que la mujer experimente placer en las relaciones sexuales, con el objeto de que "no sienta la tentación" de no llegar virgen al matrimonio y/o de que, una vez en él, "no sienta la tentación" de ser infiel a su marido (el objetivo concreto varía de comunidad en comunidad) [3]. En las sociedades en las que está instaurada, la MGF es un símbolo de pureza y es recomendado (y muchas veces impuesto) por los propios parientes femeninos de la mujer que va a sufrirla [1, pág 12]. El momento de la vida elegido para la mutilación varía, yendo desde el del propio nacimiento hasta el del nacimiento del primogénito, pasando por la llegada a la pubertad y el comienzo del embarazo. No obstante, la aparición de leyes que prohiben la MGF ha hecho que la edad de aplicación vaya disminuyendo y que el rito sea cada vez menos público [1, pág 11].

Para hacerse una idea del alcance de esta práctica es necesario acudir a los datos. A continuación se muestra lo que podríamos llamar la lista de la tristeza, la lista de los países en los que la MGF es más común, junto con el porcentaje de población de mujeres que la sufren. Los datos están tomados en distintas fechas (según el país) entre 1990 y 2005, por lo que pueden estar un tanto desactualizados, aunque se consideran vigentes. Se indica en qué países la MGF no estaba prohibida hacia 2002, y también se destaca la fecha de toma de datos en aquellos países en los que ésta es posterior a la prohibición de la MGF [2, pág 6], [7, pág 12]:

1. Somalia 98-100% (no prohibida)
2. Djibouti 98% 
3. Guinea 96% (2005, prohibida en 1985)
4. Egipto 96% 
5. Malí 92% 
6. Sierra Leona 90%
7. Eritrea 89% (no prohibida)
8. Sudán 89% (no prohibida)
9. Gambia 80% (no prohibida)
10. Burkina Faso 76.6% (2005, prohibida en 1995)
11. Etiopía 74%
12. Mauritania 71%
13. Liberia 60% (no prohibida)
14. Guinea-Bissau 50% (no prohibida)
15. Chad 45% (no prohibida)
16. Costa de Marfil 45% (no prohibida)
17. República Centroafricana 43% (no prohibida)
18. Kenia 32%
19. Senegal 28%
20. Yemen 23% (no prohibida)
21. Nigeria 19% (no prohibida)
22. Benin 17% (no prohibida)
23. Tanzania 14.6%
24. Togo 12% (no prohibida)
25. Ghana 9% (2003, prohibida en 1994)
26. Uganda 5% (no prohibida)
27. República Democrática del Congo 5% (no prohibida)
28. Níger 2.2%
29. Camerún 1.4% (no prohibida)

Un 5% como el de Uganda puede parecer una figura poco relevante, pero tras ella se esconde un hecho terrible: allí, una de cada veinte mujeres no puede sentir placer sexual de manera normal, y la mayoría de ellas no pudo elegir sobre esta cuestión. Y no es éste el único "inconveniente" de un proceso que no conlleva ninguna ventaja para la mujer. La lista de razones para no realizar una MGF es larga:

• La MGF es dolorosa. Se suele realizar en hospitales, pero por tradición se suele llevar a cabo sin anestesia. El procedimiento implica el corte de nervios que causan un dolor extremo [4, pág 39]. La MGF es comparable a la peor de las torturas.
• La MGF es peligrosa. Tiene consecuencias inmediatas para la salud con posible riesgo de muerte, incluidas infección de la herida, hemorragia, retención de orina, shock, septicemia y contracción del tétanos [5, pág 2].
• La MGF es contraproducente. Porque también puede tener consecuencias para la salud a medio y largo plazo, tales como dismenorrea, anemia crónica, esterilidad y depresión [5, pág 2].
• La MGF empeora el parto. Puede aumentar el riesgo tanto para la madre como para el hijo. Las mujeres con MGF sufren como media un 30% más de cesáreas y se observa un 70% de aumento de los casos de hemorragia posparto (en MGF III). Se produce una mayor necesidad de reanimar a los bebés (aumento del 66% en las mujeres con MGF III). La tasa de mortalidad entre los bebés durante e inmediatamente después del parto es también mucho mayor: un 15% superior en los casos de MGF I, 32% en caso de MGF II, y 55% en caso de MGF III. Se estima que en el continente africano la práctica ocasiona entre 10 y 20 muertes adicionales de bebés por cada 1000 partos [6].
• La MGF no es terapéutica. Porque no conlleva absolutamente ningún beneficio para la salud de la mujer.
• La MGF es para siempre. Y se suele realizar a una edad en la que la niña no tiene capacidad de decisión propia. Como mínimo indispensable, la MGF debería ser opcional y para los adultos.
• La MGF priva de un placer. El placer sexual es, seguramente, el estímulo inmediato más disfrutable para el ser humano.
• La MGF se basa en una tradición. No existen razones médicas para realizarla de manera generalizada, por lo que su base es completamente irracional.
• La MGF es sexista. Por muy reprobable que parezca bajo las costumbres éticas de una comunidad determinada, nadie debe tener derecho a decidir si una mujer ha de llegar virgen al matrimonio o mantenerse fiel a su marido, más que ella misma, y menos todavía a imponerlo con una medida tan desproporcionada.
• La MGF es denigrante. Los verdaderos motivos para practicarla contienen la acusación implícita de que una mujer no puede, si es que quiere, llegar virgen al matrimonio o mantenerse fiel a su marido sin una "ayuda" drástica como la de la MGF.

Todas estas razones se pueden resumir en una: la MGF es una verdadera brutalidad y no hay motivo que la justifique. Por eso la ONU se ha propuesto erradicarla en el plazo de una generación. Un vistazo a la evolución de los porcentajes de prevalencia de la MGF en la lista de la tristeza a lo largo de los años (lo cual se puede hacer comparando las tablas de [2, pág 6] y [7, pág 12]) revela que los resultados de la información a la población y la ilegalización de la MGF son disparejos: mientras que en algunos países la prevalencia va disminuyendo poco a poco (debido a que la MGF es de por vida), en otros aumenta, y esto sólo puede deberse a que en ellos se mutila a más niñas que antes.

Así pues, si a la ONU le está costando tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie, desde casa? Hay algo que sí podemos hacer. En países como España existe una población extranjera no despreciable de parejas que provienen de países de la lista de la tristeza. No es extraño que cuando una de estas parejas emigrantes tiene una hija pequeña vuelva en un momento u otro a su país de origen para celebrar el rito de su ablación. En estos casos, la intervención a tiempo de una persona allegada puede ser providencial para evitar la mutilación de la niña. Podría informarles de todos los perjuicios físicos y psicológicos que sufriría su hija. Podría alertarles de que permitir la MGF se considera delito de lesiones en nuestro país. Y sobre todo, podría hablarles del compromiso preventivo: un documento confidencial que pueden firmar voluntariamente los padres junto con el médico de su hija y que avisa oficialmente de la ilegalidad de la ablación, atestigua que los padres han sido informados de ello y especifica que la niña será revisada antes y después del viaje al extranjero para asegurar que no ha sufrido ninguna mutilación. Con este documento en mano, los padres pueden ejercer presión, con argumentos, sobre la familia en su lugar de origen para impedir que fuercen la ablación. Un modelo de compromiso preventivo puede encontrarse aquí.

Será difícil acabar por completo con la MGF. Pero a diferencia de otros, éste es un problema cultural, lo que genera la esperanza de que pueda ser combatido eficazmente mediante la información. No dejéis pasar la oportunidad de ayudar a propagarla.

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Referencias

1. Mutilación genital femenina. Manual para profesionales. Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Mapa de la mutilación genital femenina en España. Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Female genital mutilation. WHO.
4. Eliminating female genital mutilation. OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO,
   UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO.
5. Mutilación genital femenina: prevención y atención. Guía rápida para profesionales. Universitat Autònoma de Barcelona.
6. Un nuevo estudio revela que la mutilación genital femenina expone a las mujeres y a sus niños a riesgos importantes en el momento del parto. The Lancet.
7. Mapa de la mutilación genital femenina en España 2009. Universitat Autònoma de Barcelona.

La paja en el ojo ajeno

Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, en referencia a la actitud de los jóvenes que esperan que las autoridades gubernamentales aseguren la estabilidad y la durabilidad del empleo:

<<Que el 80 por ciento de los chicos busque ser funcionario es una enfermedad social.>>

La asignatura con mayor carga de adoctrinamiento

Dolores Dolz, portavoz de educación de Izquierda Unida, responde a la intención del ministro José Ignacio Wert de eliminar la asignatura Educación para la ciudadanía por su pretendida alta carga de adoctrinamiento:

<<No hay mayor hipocresía que hablar de adoctrinamiento de una asignatura cuando se mantiene en los colegios públicos la materia de Religión>>.

La responsabilidad última del 23-F

La revista Der Spiegel ha difundido información de 1981 recientemente desclasificada por el gobierno alemán, entre la que se encuentran extractos de una conversación privada entre el rey don Juan Carlos y el entonces embajador alemán en España, referente a la visión del rey sobre el intento de golpe de estado del 23F. Nos hacemos eco de algunos puntos interesantes de la información de dicho embajador, según la agencia EFE:

<<

• El rey "no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía".

• El monarca dijo al embajador: "los cabecillas solo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad".

• El rey manifestó que la responsabilidad última del intento de golpe de estado no fue de sus cabecillas, sino del entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, a quien reprochaba "despreciar" a los militares.

• El rey había aconsejado reiteradamente sin éxito a Suárez que "atendiera a los planteamientos de los militares, hasta que estos decidieron actuar por su cuenta".

• El monarca manifestó que trataría de influir en el Gobierno y los tribunales para evitar un castigo severo a los golpistas, ya que estos "solo pretendían lo mejor".

>>

 No creo que esta información sorprenda a muchos. La del rey era una postura privada preocupante: condeno su falta de visión previa y de mediación entre las partes, su  probable ocultación de información providencial al gobierno de Suárez y su falta de actuación como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ante el conocimiento de posturas antigubernamentales en el seno del Ejército. Tal vez hubiera debido plantearse don Juan Carlos si no fue él el verdadero responsable último del intento de golpe de estado. Y aún así, al margen de su propia opinión, el rey fue determinante para detenerlo a tiempo. En el momento más crítico fue lo suficientemente responsable como para ignorar sus preferencias personales y actuar en beneficio de todos antes que en el suyo propio, por lo que también creo, siendo un republicano convencido, que debemos estarle históricamente agradecidos.

Los bancos patrocinan a los jueces

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, en su entrada Garzón no ha cometido cohecho, comenta lo habitual que es que las asociaciones de trabajadores de la Justicia acepten patrocinios de grandes empresas privadas:

<<Ya que hablamos de patrocinio a jueces y fiscales, debe plantearse abiertamente la relación económica de aquellos con entidades de crédito y de otra naturaleza.
Porque, prácticamente, todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, desde hace 25 años, han celebrado sus congresos anuales gracias a la generosa aportación de las entidades de crédito. Aportaciones que representan un beneficio económico para los asociados. Mas las subvenciones constantemente otorgadas para el pago de honorarios por cursos y conferencias.
Citemos algunos casos, a título de ejemplo. Concretamente, en 1986, el II Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado en Sitges tuvo financiación de La Caixa; en 1989, la Asociación Jueces para la Democracia, recibió el patrocinio de tres cajas de ahorro; en 1996, a la celebración del XI Congreso de la anterior asociación contribuyó Caja Cantabria; en 2003, el congreso conjunto de las dos asociaciones anteriores contó con el patrocinio de Bancaja. En 2010, el XXV Congreso de Jueces para la Democracia fue financiado por BBK. Y en el XIX Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), celebrado en 2011, consta la “colaboración”, de alcance económico indeterminado, de Banesto y Novacaixagalicia.
En otro orden de cosas, la APM ha celebrado convenios con los grupos BBVA y BSCH para “conseguir mejoras para jueces y magistrados asociados en servicios financieros” y suscripción de pólizas de seguro.
Además, la Fundación para la Magistratura, dependiente de dicha asociación e inscrita en el Registro de Fundaciones en 2006, ha celebrado un convenio con Telefónica S. A. donde se “incluyen una serie de servicios y productos para los asociados”; convenio absolutamente incompatible con los fines de la fundación, que permitió, con financiación de Telefónica, celebrar entre el 5 y el 7 de noviembre de 2008 en Valencia una jornada de estudio bajo el título “Justicia, telecomunicaciones y sociedad de la información”, en la que participaron directivos de dicha empresa y varios magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Dicha fundación, en una nota a sus asociados de octubre de 2010, se refiere a varios actos bajo el patrocinio de La Caixa y Mutua Madrileña. Y no olvidemos el denominado “Club Banesto Justicia” para jueces y fiscales que “le ofrece la mejor oferta financiera para cubrir sus necesidades, tanto profesionales como particulares”. Una oferta de cuentas corrientes con un interés al 1,25%, sin comisiones de administración ni mantenimiento, con condiciones especiales para hipotecas y préstamos y otras ventajas.
Es un ejemplo, entre otros múltiples, de cómo la magistratura, “en consideración a sus cargos”, es cuidada y beneficiada por los poderes económicos mediante “dádivas o regalos” que no se resisten a aceptar.>>

 No creo yo que por común esta conducta deba ser aceptada: el tráfico de influencias que genere podría ser descomunal. Si no se vigilan estos comportamientos, ¿cómo podemos fiarnos de la absolución de cualquier directivo o dueño de entidad bancaria implicado en algún negocio más o menos turbio?

La economía no depende del trabajo

<<El paro crea malestar entre la gente y paraliza el consumo, una parálisis que a su vez genera más desempleo. Pero este círculo vicioso no representa un peligro urgente para la economía actual. Es decir, los poderosos pueden tomárselo con calma y apretar la cuerda del sufrimiento humano. En la economía mundial, la producción de riqueza cuenta hoy muy poco. La ganancia que generan los movimientos abstractos de la especulación es 75 veces superior a los dividendos que producen todos los trabajadores del mundo cuando se levantan cada mañana para sembrar tomates, arreglar una cañería, pescar, hacer un avión o escribir un libro.>>

Luis García Montero, en su entrada El paro como negocio.

La desesperación es la madre del arrepentimiento

Luis García Montero, en su artículo El paro como negocio, comenta:

<<La sociedad esclavista tuvo pleno empleo.>>

Y es que hemos de cuidarnos mucho de las medidas que estos días tanto se barajan en Europa, aquellas que ofrecen una (posible) disminución del paro a cambio de una (probable) rebaja en la calidad de los puestos de trabajo, o pasaremos de parados desesperados a esclavos arrepentidos.

La ley del más fuerte

Patricia Flores, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, opinando que algunos enfermos crónicos estarían mejor en residencias que en hospitales:

<<¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?>>

Excusa en dos tiempos

Ana Mato, ministra de Sanidad, pretendidamente preocupada por los efectos en la salud de la píldora del día después en jóvenes en desarrollo, ha encargado un informe médico sobre la misma a la Organización Médico Colegial, la Sociedad de Ginecología y la Agencia de Evaluación del Medicamento. Y digo pretendidamente preocupada porque ya existen desde hace tiempo informes favorables de organizaciones científicas poco sospechosas de estar politizadas, en los que se basó el gobierno anterior para autorizar la venta de la píldora sin necesidad de receta, y que sin duda son conocidos por la ministra. En concreto, un estudio de la OMS asegura lo siguiente (la negrita es mía):

<<El uso de las PAE-LNG es seguro para todas las mujeres, incluidas las adolescentes. El levonorgestrel, el ingrediente activo en las PAELNG, ha sido usado extensamente en varias formulaciones por más de 30 años y ha sido estudiado ampliamente en mujeres en edad reproductiva. El levonorgestrel es bien tolerado, no se conoce que provoque alergias, se elimina del cuerpo en pocos días, no es adictivo y se ha demostrado que no produce reacciones tóxicas. Las PAE-LNG no presentan riesgo de sobredosis y no tienen interacciones importantes con otros medicamentos ni contraindicaciones para su uso. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una sola dosis de levonorgestrel (1,5 mg) para uso de emergencia dentro de las 120 horas después de una relación sexual no protegida, el uso repetido no presenta riesgos conocidos para la salud. No se han reportado efectos adversos severos, ni en mujeres que han usado PAE más de una vez en un ciclo menstrual.>>

No hay por tanto razón médica por la que deba preocuparse la ministra, ni siquiera en referencia a las jóvenes en desarrollo; pero puesto que esto ya lo sabe, ¿qué necesidad tiene de tal informe? ¿Lo querrá como respaldo de una decisión ya tomada a priori? Si estuviera tomada a priori y necesitara justificación, esa decisión sería la de cambiar la legislación, pues para mantenerla no necesita ninguna. ¿Querrá la señora Ana Mato modificar la legislación vigente de la píldora, que está fundada en la evidencia médica, basándose en un informe a medida que afirme lo contrario a lo que está científicamente bien establecido? ¿Será el verdadero motivo el hecho de que alguna píldora más significa algún embarazo menos(*)? ¿Tendrá algo que ver la obsesión ultraconservadora por impedir que las menores de edad puedan eliminar cualquier posibilidad de embarazo post-coital sin que lo sepan sus tutores legales (que no padres) y sin que exista un supuesto que las exima del pecado mortal? El tiempo dirá si este asunto acaba siendo, como aparenta, un burdo caso de manipulación informativa. De cualquier manera, si el tejemaneje es como lo sospecho, a la manera del genial programa Caiga quien caiga y su sección de Ética Periodística le propongo a la señora ministra que en un ejercicio de ética política encargue este tipo de informes "basados en contra de la evidencia" a FAES o a alguna otra organización católica, apostólica y romana.

(*) Que por cierto, la píldora no puede provocar un aborto ni impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero (como se puede ver en el informe de la OMS citado arriba). Esta es la razón por la que el periodo en el que es efectiva es tan corto y tan específico.

A la igualdad por la precariedad

Mario Monti, primer ministro de Italia, sobre la inminente reforma laboral, en la que quiere debilitar el artículo del estatuto de los trabajadores que indemniza ante despido improcedente:

<<Los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un puesto de trabajo fijo para toda la vida. Además, qué monotonía. Es mucho más hermoso cambiar y aceptar nuevos desafíos.>>

El libro que no es

José Ignacio Wert, ministro de Educación, cita párrafos de uno de los libros de texto de Educación para la Ciudadanía para justificar por qué según su criterio se había convertido en una "asignatura con carga de adoctrinamiento":

<<Los capitalistas son como ratones que corren en la rueda cada vez más deprisa. (...) El capitalismo es como un tren sin frenos que se acelera cada vez más. Camina, sin duda, hacia el abismo. Pero ese abismo no es, como muchos marxistas imaginaron, su fin inevitable, que dará paso al socialismo. No, el capitalismo rueda vertiginosamente hacia el agotamiento de los recursos ecológicos, hacia la destrucción de este planeta, que sobrevivirá quizá con rapidez, por un desastre nuclear, o quizá más gradualmente, por una quiebra ecológica irreversible.>>

El problema es que el libro del que está sacado este extracto, titulado también Educación para la ciudadanía (AKAL 2007), no es un manual de dicha asignatura. Es un libro de ensayo, que además es crítico con la asignatura que le da título desde una perspectiva de izquierda poco centrista.
Esta confusión no se debe al ministro de Educación en el día de hoy: lleva surcando los medios de derechas desde su misma publicación y es por tanto una confusión interesada. Tanto es así que los autores se sintieron obligados a añadir un prólogo en su segunda edición (2009) que tratara este asunto. Publicamos aquí un extracto del mismo:

<<Sobre la primera edición de este libro, se ha mentido tanto en los medios de comunicación españoles que conviene hacer algunas aclaraciones que dejen las cosas en su sitio. El 20 de septiembre de 2007, por ejemplo, el Telenoticias 3 de Telemadrid anunció literalmente que nuestro libro era «uno de los que ya habían comenzado a utilizarse como libro de texto en la asignatura “Educación para la Ciudadanía” que acababa de implantarse en algunas comunidades autónomas». Con cara compungida, un supuesto padre de familia, sentado en el sofá de su casa, iba leyendo en voz alta algunos pasajes escogidos de nuestro libro. [...]
Pero, antes de pasar a discutir estas cuestiones, conviene deshacer las mentiras más sonadas. El Telenoticias de Telemadrid mintió, y no era la primera vez que mentía al respecto. Mintió, en primer lugar, porque nuestro libro no es un libro de texto. Y, por supuesto, era absolutamente falaz que ya estuviese utilizándose como tal en los centros de enseñanza. Cualquiera puede ver que el libro que tiene entre sus manos no es un libro de texto: no responde al programa de ningún curso en particular; no tiene el formato de los libros de texto; no tiene actividades para el alumno, ni flechitas ni esquemitas ni recuadritos; no ha sido homologado por el Ministerio de Educación; no sigue el currículo de la asignatura, etc. Es más, no hay ningún profesor tan suicida como para buscarse la ruina utilizándolo como manual obligatorio, pues es fácil colegir que la comunidad educativa, la dirección del centro, los padres, los consejos escolares, la inspección, la prensa y demás fuerzas vivas, le complicarían mucho la vida. Que no se trata de un libro de texto es algo que sabían perfectamente en Telemadrid. Lo mismo que lo han sabido perfectamente, desde el principio, en la Cadena Cope, en el diario El Mundo, en La Razón, en el ABC, en Libertad Digital, en el Canal 7, y en todos los medios que, sin embargo, no han parado de insistir en que sí lo era. Sencillamente, han mentido sabiendo muy bien que estaban mintiendo. Han querido transmitir la idea de que nuestro libro no sólo es un libro de texto, sino que es, además, el libro de texto por antonomasia, el que verdaderamente desvela las auténticas y ocultas intenciones del gobierno del PSOE, hasta el punto de que en algunos de esos medios comenzó a conocerse como el «manual de Zapatero».No sólo no es verdad que sea un manual. Se trata más bien de un antimanual, especialmente escrito en contra de la asignatura misma. Por supuesto, este detalle ha pasado desapercibido, porque la prensa de derechas estaba muy interesada en monopolizar la oposición a la asignatura y la prensa gubernamental, muy interesada en ocultar el hecho de que, desde el principio, hubo una oposición de izquierdas a la Educación para la Ciudadanía.>>

La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente se cambia la asignatura por este motivo?

El superlativo relativo

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, refiriéndose a la reforma de la ley del aborto:

<<Lo más progresista que he hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida.>>

No dudo de la veracidad de dicha afirmación. Ahora:
1) La posibilidad de abortar vuelve a pasar de los plazos a los supuestos.
2) Los padres de las chicas de 16 y 17 años tendrán que conceder su consentimiento, cuando con la ley actual solo debían ser informados.

Esto hace que el superlativo relativo de Gallardón me produzca tristeza ajena.